La detención del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, este pasado domingo en Alemania ha reavivado el debate sobre los delitos de sedición y rebelión y sus equivalentes en otros países europeos. No por casualidad los líderes independentistas han decidido refugiarse en Bélgica, Suiza o Reino Unido, donde no existen tipos penales equiparables a los españoles o cuentan con mayores posibilidades de que las euroórdenes dictadas por el juez Pablo Llarena no prosperen. Tampoco es casualidad que Puigdemont, que fue seguido por el CNI desde su precipitada salida de Finlandia el viernes por la tarde, fuera detenido en Alemania, y no en Suecia o Dinamarca, por donde también pasó. Todo responde a estrategias dentro de un tablero de juego en el que cada país es una pieza más o menos interesante en función de sus Códigos Penales.
España, por ejemplo, define rebelión como “un alzamiento violento y público” para, entre otros fines, “declarar la independencia de una parte del territorio nacional” (art. 472); y sedición como un alzamiento público y tumultuario para “impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes” (art. 544). Pero, ¿qué Estados europeos cuentan en su legislación con delitos homologables a los que la justicia española achaca a los líderes independentistas? En Pluslegal Abogados repasamos los principales casos:
Alemania
Alemania es, probablemente, el peor país en el que Puigdemont podía haber sido detenido. Su Código Penal contempla los delitos de alta traición contra la federación o contra un Estado, equiparables a los tipos españoles de rebelión y sedición. El artículo 81 del CP germano prevé penas de entre 10 años y cadena perpetua para los intentos con “violencia o amenaza de violencia” de “perjudicar la existencia” o “cambiar el orden constitucional que se basa en la Constitución del Estado”. También hace referencia al intento de “separar una parte del estado”. El artículo 83 también recoge el delito de “preparación” de una operación de alta traición, con penas de entre tres meses y cinco años.
Además, Alemania siempre cumple -a diferencia de otros Estados- con las peticiones de extradición. En 2015, detuvo a 1.635 personas solicitadas por una eurorden, según datos de la Comisión Europea. Inició 1.610 procedimientos de entrega, de los que se hicieron efectivos 1.283 en un plazo medio de entre 15 y 47 días. Solo rechazó 198 órdenes, un 12%.
Finlandia
¿Por qué no se entregó Puigdemont en Finlandia, donde se encontraba invitado por un diputado local? La razón es que este país castiga con penas de hasta diez años de prisión los “delitos de traición” que comprometen la soberanía de Finlandia mediante el uso de la violencia, “amenaza de violencia” o “presión militar o económica”. El artículo 12 de su Código Penal tipifica explícitamente como traición el intento de “separar una parte de Finlandia del resto del territorio”. El artículo 13 sanciona el delito de “alta traición”, definido como el intento violento de “abrogar la Constitución finlandesa o alterarla, o alterar los fundamentos políticos de Finlandia”, que incluye una versión agravada penada con cadena perpetua para el supuesto de que el delito lo cometa una autoridad del Estado.
Francia
El Código Penal francés tipifica en el artículo 411 la rebelión o traición, que define como “el hecho de cometer uno o varios actos de violencia susceptibles de poner en peligro las instituciones de la República o de atentar contra la integridad del territorio nacional”. Las penas de cárcel pueden alcanzar los 30 años y una multa de 450.000 euros.
Portugal e Italia
La legislación del país vecino prevé penas de entre 10 y 20 años de prisión para quien “intente separarse de la madre patria”, trate de someter a soberanía extranjera el territorio portugués o ponga en peligro la independencia del país. Otro país mediterráneo como Italia también recoge en su Código Penal tipos parecidos a los españoles y los castiga con similar dureza.
¿Qué pasa con Bélgica, Suiza y Reino Unido?
Líderes independentistas como Carles Puigdemont, Marta Rovira o Clara Ponsatí han elegido estos países por diferentes razones que pueden frenar o imposibilitar la extradición a España. Una de ellas, común a todos los casos, es que ni la rebelión ni la sedición se encuentran entre las 32 infracciones para las que la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) establece una ejecución casi automática.
En el caso de Bélgica, el Código Penal contempla en el artículo 269 el delito de rebelión, pero con una definición muy diferente a la española: “Cualquier ataque, cualquier resistencia con violencia o amenazas a oficiales ministeriales” u otros funcionarios o agentes del orden público que velen por la ejecución de las leyes y ordenanzas. Un delito de mucha menor gravedad que puede acarrear, cuando se haya cometido en grupo y de forma organizada, penas máximas de cinco años. El derecho belga recoge también una infracción llamada “coalición de funcionarios”, que es lo más parecido a la sedición en España. Sin embargo, este tipo penal mantiene diferencias notables y no acarrea más de seis meses de prisión.
Todo esto, unido al extremo respeto de este país hacia las alegaciones por derechos humanos que pensaba hacer el abogado belga de Puigdemont, Paul Bekaert, habría facilitado mucho la defensa de Puigdemont si finalmente hubiera sido procesado allí.
El Código Penal suizo, por su parte, contempla penas de “al menos un año” para delitos contra el Estado y de alta traición, entre los que se incluyen la separación violenta de una parte del territorio suizo (o de un cantón) y la modificación por la violencia de la Constitución nacional o de alguno de los cantones. No son tipos penales idénticos a los españoles, y la posición política del Gobierno helvético, que ha afirmado que no concede extradiciones por “delitos políticos”, complicaría la ejecución de una euroorden contra, en este caso, Marta Rovira.
Por último, las euroórdenes en Reino unido se derivan a la Corte de Magistrados de Westminster, si la persona está en Inglaterra o Gales, o a la Corte del Sheriff de Edimburgo, si la persona, como en este caso Clara Ponsatí, está en Escocia. El proceso podría alargarse ya que, aunque el Gobierno escocés ha reconocido que está obligado a seguirlo, las leyes británicas no recogen el delito de rebelión: lo más parecido es el delito de traición, una ley del año 1215, en los tiempos del rey Juan sin Tierra.
